El precio de la libertad: el caso Suriani y el avance de la censura­

Por Camila Duró (*)

 

Alguien podría citar a Jefferson para responder en abstracto al título de esta nota repitiendo la famosa frase "El precio de la libertad es la eterna vigilancia". Sería una buena respuesta, se concede. Pero hoy el precio de la libertad en Argentina subió más que la canasta básica: Se paga con el silencio forzado.­

 

Hace apenas unos días por vía judicial se censuró públicamente al diputado Andrés Suriani (MC) pura y exclusivamente por motivos ideológicos. El ex diputado publicó el nombre de la médica y la cantidad de abortos que se practican en el Hospital Materno Infantil de Salta.­

 

Lo curioso es que cualquiera podría pensar que se lo denunciaría por algún tipo de atentado a la intimidad o al honor. Pues no, la denuncia es por violencia de género. Y para peor, el activismo judicial falló en contra del derecho humano fundamental a decir lo que se piensa libremente, en tanto y en cuanto no se afecten otros derechos ¿Acaso es un secreto o una vergüenza lo que expuso Suriani? ¿Una calumnia o una difamación?­

 

Lo que sucede es evidente: se está definiendo en este momento cuál es el precio a pagar por ser libre en nuestro país. Parece que ya no alcanza con el armado de listas negras de parte de periodistas financiados por fundaciones extranjeras, sino que ahora el activismo judicial pretende sentar un precedente vergonzoso en pos de censurar el pensamiento de un gran sector de la sociedad.­

 

Es que en algo tenían razón quienes militaban la legalización del aborto y es que la gente no iba a salir en manada a abortar de un día para otro. Esto se promueve o se desincentiva a través de la cultura. El proceso es lento para quienes están apurados en imponernos el pañuelo de una minoría encumbrada.­

 

Está a la vista que no aceptan que aquellos que militamos en primera persona la defensa de la vida tanto de las mujeres como de los niños no vayamos a quedarnos callados.­

 

Puede ser que hayan aprobado una ley nefasta que se llevó casi 33.000 vidas en 2021 por vía "legal" pero a la campaña por el aborto legal le asombra que sean tan pocos.­

Quizás al lector la palabra "pocos" le resulte chocante pero desde el sector verde militaron 500 mil abortos al año sin que se les caiga la cara de vergüenza y ahora se embanderan en la misión de hacerlos realidad. Aunque para que esto suceda hacen falta dos cosas: la inacción de quienes debemos seguir diciendo a viva voz que el aborto mata y destruye personas a su paso y el avance de quienes quieren venderle a otros, especialmente a las más jóvenes, que el aborto es una promesa de libertad.­

 

En un combate limpio, cada uno batallaría en el persona a persona, en la opinión pública, en los referentes culturales e intelectuales. Sin embargo, la cancha está embarrada. Hoy comunicar públicamente qué médicos realizan abortos en los Hospitales Públicos configuraría el delito de "violencia de género mediática, simbólica y psicológica".­

 

¿Acaso no están orgullosos de que las mujeres "ejerzan su derecho a la salud" y ser protagonistas de eso? ¿Por qué necesitan el anonimato? ¿Acaso los médicos prochoice no están muy pagados de su arte? ¿Por qué es "violento" contarle a la sociedad quiénes son los que hacen el trabajo sucio de mandar a bolsas de residuos patológicos los restos de los argentinos abortados?­

 

Quizás, aventuramos una hipótesis, porque no existe ni existió tal consenso social respecto al aborto. Fue una decisión porteñocéntrica y elitista. Un rejunte de intereses que nada tienen que ver con la agenda de la Argentina federal. Por eso como no logran por las buenas que la gente acepte el aborto como práctica habitual, lo quieren lograr por las malas anulando del debate público a una gran parte de la sociedad.­

 

La libertad de expresión no es una abstracción, es un ejercicio concreto. Hoy Andrés Suriani está pagando con su libertad el precio de decir la verdad. No hay una condena por difamación. No dijo mentiras ni expuso intimidades. No reveló historias clínicas de pacientes. No cometió ningún delito más que pensar distinto al establishment político, cultural y, ahora también, judicial.­

 

Así que respondiendo a la pregunta inicial, la eterna vigilancia necesita voces concretas. A la guillotina robespierreana del discurso oficial y lo políticamente correcto se le tiene que empezar a complicar un poco. Si somos algunos, quizás salvemos algunas gargantas. Pero si somos muchos, esa guillotina debe ser destruida para siempre. La libertad de pensar no les tiene que pertenecer y eso depende de voces críticas y disidentes. El monopolio de lo­ políticamente correcto avanzará hasta donde la sociedad lo deje. Preguntémonos entonces ¿Cuánto vale nuestra libertad? De esa respuesta depende mucho más que un pañuelo, dependen las reglas de juego según las cuales queremos vivir.­

(*) Camila Duró es militante provida, perteneciente al Frente Joven

Artículo publicado en el diario La Prensa (19-5-22)